Es abogado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), titulado con mención especial. Cuenta con más de trece años de experiencia profesional en el sector gubernamental, particularmente en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), donde estuvo a cargo de diversas áreas de litigio colectivo en favor de los derechos de los consumidores y, como director de Educación para el Consumo impulsó las modificaciones al para promover el consumo responsable en todo el país. 

Tiene experiencia en litigio estratégico en materia de derechos humanos y responsabilidad civil, así como en procesos legislativos y la toma de decisiones de políticas públicas en el ámbito del consumo. 

Durante su responsabilidad pública duplicó el número de acciones colectivas (acciones de grupo en ese entonces) presentadas por la Profeco y litigó diversos procesos que fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generando criterios jurisprudenciales en favor del consumidor. 

También participó en la defensa de más de 50 indígenas condenados injustamente por los hechos ocurridos en la Matanza de Acteal, todos liberados a la postre por la (SCJN). Finalmente fue candidato a la llamada Fiscalía Anticorrupción de los Estados Unidos Mexicanos.